El Tribunal de Cuentas de El Salvador, que supervisa sus recursos públicos, investigará una denuncia sobre las compras de Bitcoin del gobierno y la construcción de quioscos para cajeros automáticos de criptomonedas, según un documento visto por Reuters.
Este mes, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal, una medida defendida por el popular presidente del país, Nayib Bukele. El precio de Bitcoin en India se situó en Rs. 37,29 mil rupias a las 11 a.m. IST del 17 de septiembre.
El gobierno también ha lanzado una billetera digital, Chivo, que está vinculada a cajeros automáticos de criptomonedas de nueva construcción que permiten a los usuarios retirar dinero físico de sus tenencias digitales de Bitcoin. Su lanzamiento ha estado plagado de fallos.
El Tribunal de Cuentas, que puede imponer sanciones administrativas y patrimoniales contra los funcionarios que no pueden resolver las deficiencias, dijo que recibió una denuncia el 10 de septiembre de una organización regional de derechos humanos y transparencia, Cristosal, sobre la implementación de Bitcoin en El Salvador.
Cristosal solicitó una auditoría de los procesos de autorización para la compra de Bitcoins y revisar la construcción de las cabinas utilizadas para los cajeros automáticos vinculados al monedero digital de Chivo, empresa constituida con recursos públicos.
La denuncia de Cristosal fue contra seis miembros de la Junta Directiva del Fideicomiso Bitcóin, integrada por miembros de los ministerios de Economía y Hacienda, así como de la Secretaría de Comercio e Inversiones.
“Una vez admitida la denuncia, se procederá a realizar el informe de análisis legal y, de manera oportuna, remitir dicho informe a la Coordinación General de Auditoría”, dijo el Tribunal de Cuentas en un documento oficial revisado por Reuters.
Un funcionario de Cristosal, que no estaba autorizado para hablar sobre el asunto, confirmó que la denuncia fue aceptada.
Además de sancionar a los funcionarios, el Tribunal de Cuentas está facultado para presentar notificaciones a la Fiscalía General de la Nación para iniciar un proceso penal en caso de que encuentre irregularidades en sus investigaciones.
El gobierno del presidente Bukele no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.
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